Viernes, Agosto 07, 2020

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Comunicado de Periodistas de CCOO: El Nacionalcatolicismo en Canal Sur TV

Periodistas de CCOO en RTVA analizan las entrevistas de Mariló Montero en los informativos de Canal Sur TV y denuncian su sectarismo.

NODOLas entrevistas que Mariló Montero realiza desde hace dos meses en los informativos de CSTV no tratan temas andaluces, el objetivo siempre parece ser criticar al Gobierno central y muchos de los entrevistados están conectados con la derecha o extrema derecha. Son una muestra más de la uso sectario y partidista de la televisión pública andaluza.

Lo primero que llama la atención es la selección de los expertos o cargos entrevistados. Muchos tienen vinculación política con partidos, fundaciones o asociaciones de derecha o incluso de extrema derecha. El caso de Alfredo Perdiguero el 12 de mayo ha sido quizás el más polémico. Este señor es subinspector de la Policía, fue candidato en las elecciones autonómicas de Madrid por VOX, es portavoz de un sindicato policial minoritario y marginal, expedientado varias veces y denunciado por difundir bulos. Sin embargo, ahí lo tenemos, en la televisión pública andaluza, hablando en nombre de la Policía Nacional y difundiendo un discurso confuso y caótico contra el Gobierno con la ayuda de Montero. Pero no es el único caso.

El 6 de mayo entrevista a Adolfo Prego, ex magistrado del Tribunal Supremo, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, abogado de María Dolores de Cospedal, patrono de honor de la fundación Defensa de la Nación Española (Denaes), próxima a la asociación ultraconservadora Manos Limpias, apartado como ponente del tribunal que juzga la investigación de los crímenes del franquismo por falta de imparcialidad objetiva. Y el 27 de abril entrevista como investigadora a Mónica López Barahona, de la universidad Rey Juan Carlos I. Esta señora en 2019 aparece como presidenta de la Fundación Jerome Lejeume, una asociación fundamentalista pro-vida y antiabortista. También es miembro de la Academia Pontifica Por la Vida, un órgano de la Iglesia Católica cuyos miembros nombra el Papa. Y fue decana de la Universidad Francisco de Vitoria, de los ultraconservadores Legionarios de Cristo.

Otros entrevistados son empresarios, como el director del colegio San Francisco de Paula, de Sevilla, el 5 mayo, al que llama continuamente “Don Luis”, sin que quede claro el motivo. Esa entrevista, para hablar sobre la vuelta al colegio en septiembre, se convierte en un publireportaje de un colegio privado y elitista, cuando solo el cinco por ciento de los alumnos andaluces asisten a un centro privado. Otros personajes tienen relación personal con la periodista, como José Luis Iglesias, CEO de la empresa "Mad and Digger" y socio de su hijo Alberto Herrera. Y, curiosamente, se repite un entrevistado, el pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, conocido por explicar sin apuro en el informativo de Canal Sur TV que es amigo personal del consejero Jesús Aguirre. Se le entrevistó el 28 de abril y el 19 de mayo.

Parece como si la selección de personajes se la hiciera algún partido político y, por supuesto, desde Madrid, ya que los temas andaluces o la perspectiva andaluza sobre la actualidad es prácticamente inexistente. Los entrevistados andaluces son minoría e, incluso cuando lo son, la entrevistadora no parece interesada en nuestra realidad. El 1 de mayo entrevista a la catedrática de economía Rocío Román, pero no le hace ninguna pregunta sobre la situación en Andalucía. En el caso del director del colegio San Francisco de Paula no se refiere en ningún momento a la educación en Andalucía. Cuando entrevista a una asociación de padres de niños con discapacidad intelectual, el 30 de abril, elige a una plataforma minoritaria en Andalucía, con mucho peso en Madrid. Y los temas elegidos suelen ser de ámbito nacional.

De hecho, la mayoría de las entrevistas tienen el objetivo de establecer una confrontación con el Gobierno central. Por ejemplo, la del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada, José Fernández Parra, el 23 de abril, se centra en la intención de denunciar al Gobierno por reparto de mascarillas defectuosas. Nunca se llega a confirmar si la denuncia realmente se puso. También la entrevista al mediático forense José Cabrera, para incidir en el discurso de que el Gobierno no deja hacer autopsias. Cabrera afirmaba que las autopsias se pueden hacer en hospitales de más de 500 camas. Sin embargo, la Sociedad Española de Anatomía Patológica había difundido una nota de prensa en la que no recomendaba hacer las autopsias, por falta de medios de protección y de adecuación de las salas de autopsias. Esto no se recoge en la entrevista ni se contrastan las opiniones del entrevistado. La conversación con Mónica López Barahona tiene como objetivo resaltar que el trabajo de los investigadores no se considera esencial durante el confinamiento, aunque sin embargo explica que los que se dedican al coronavirus sí están trabajando. También que el gobierno central no hace más PCR porque no quiere, ya que tiene a su disposición “si no miles, sí cientos de máquinas paradas” en los laboratorios. La doctora dice que Sanidad ha validado “solo hasta la fecha” trece laboratorios, cuando ya se sabe que son 24 los laboratorios en total, según la página web de Moncloa. Tampoco se dice que el Instituto Biomédico de Sevilla sí está validado, aunque la investigadora explica que la Universidad de Málaga no puede hacer los test.

En la entrevista a Antonio Núñez, catedrático de Inmunología, el 24 de abril, Montero intenta provocar que el entrevistado acuse al Gobierno de no hacer test de anticuerpos a toda la población. Pero el experto dice que hay problemas técnicos y económicos, que “lo importante es hacer un estudio epidemiológico como el que parece que están haciendo el Gobierno central”. El 8 de mayo, en la entrevista a Joaquín Muñoz, especialista en Derecho a la Información, el objetivo es confirmar la “ilegalidad” de la decisión del Gobierno al no publicar los nombres de los miembros del comité de expertos que decidirán el ritmo de la desescalada en los territorios. De nuevo, Montero parte de una tesis previa y busca un experto que la corrobore. En la conversación con Francisco García, presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, emitida el 21 de abril, pasa algo similar. Montero parece perseguir críticas explícitas al Gobierno por las declaraciones del general José Manuel Santiago sobre los bulos. Sin embargo, el entrevistado no sigue este discurso. Quizás por eso la entrevista dura la mitad de lo habitual.

El 7 de mayo entrevista a Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional en el Instituto de Estudios Bursátiles, abogado y reconocido detractor del estado de alarma en medios como “Vox Pópuli” o “ABC”. El objetivo es establecer que el estado de alarma es innecesario para controlar la pandemia y que ha habido recorte de derechos, un discurso recurrente de la derecha durante la crisis sanitaria. El mismo objetivo parece estar detrás de la conversación con Adolfo Prego. En la conversación con el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos, el 20 de abril, se vuelve a cargar contra el Gobierno, criticando que van a obligar a abrir a los hoteles, cuando todavía no se conoce el contenido del plan del Ejecutivo. La medida del pasaporte sanitario que defiende el entrevistado había sido propuesta por VOX en algunas autonomías, en contra de las recomendaciones de la OMS.

Las entrevistas, además, muestran poca preparación y dominio de los temas tratados. En la entrevista a la economista Rocío Román, Montero asegura: “dicen que se avecina una catástrofe económica”. A menudo, los entrevistados le corrigen. En la conversación con Prego, Montero pregunta “¿Y ese estado de alarma está limitando los derechos del control parlamentario, político e incluso judicial?” Y el ex magistrado tiene que aclarar: “Eso más que derechos son los funcionamientos normales institucionales de un Estado de Derecho”. La entrevistadora nunca contrasta o pone en duda las declaraciones de los expertos, las da como hechos comprobados.

El análisis de esta sección de entrevistas vuelve a poner de manifiesto la deriva de manipulación, de falta de calidad periodística y de ausencia de temas de relevancia para los andaluces en Canal Sur TV. En consonancia con la orientación de los informativos. Y nos hace temer las consecuencias que puede tener la asignación de nuevas tareas a Montero. También demuestra que la televisión pública andaluza se ha convertido en una herramienta al servicio del Partido Popular a nivel nacional, que ha logrado imponer su estrategia de acoso y derribo al Gobierno de coalición, aparcando los intereses de los andaluces. Canal Sur Televisión debe cumplir un servicio público, encomendado por el Estatuto de Autonomía y centrado en el derecho a una información veraz para toda la ciudadanía andaluza.

 

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